Varios representantes estatales de Estados Unidos propusieron hoy negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, una iniciativa polémica con la que dicen querer proteger al país de la que describen como "invasión" migratoria.
La 14 enmienda de la constitución de Estados Unidos garantiza ahora la ciudadanía a todos los nacidos en el país, algo que la media docena de representantes estatales presentes hoy en rueda de prensa en el Club Nacional de Prensa en Washington dijo querer cambiar.
Legisladores republicanos de Arizona, Carolina del Sur, Georgia, Oklahoma y Pensilvania buscan introducir proyectos de ley en sus asambleas legislativas para exigir que los padres prueben su estatus migratorio antes de obtener un certificado de nacimiento estándar para sus bebés.
Esos políticos contemplan la posibilidad de crear dos tipos de certificados de nacimiento, uno para los niños de ciudadanos y otro para los hijos de indocumentados.
Su esperanza es que la iniciativa desate una oleada de litigios que permita que el conflicto se resuelva finalmente a su favor.
Los promotores de la iniciativa dijeron hoy que los indocumentados son una "invasión" y un "veneno" y adujeron que muchos inmigrantes sin papeles cruzan la frontera con el único fin de tener hijos en EE.UU. y "anclarse" así en el país.
"Económicamente esta tendencia es insostenible", dijo a Efe Jack Murphy, senador estatal de Georgia, quien considera que la inmigración ilegal cuesta miles de millones de dólares anuales a EE.UU.
Los hijos de indocumentados no pueden impedir la deportación de sus padres y sólo pueden presentar la documentación para solicitar que se conviertan en residentes legales tras cumplir 21 años.
Thomas Saenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef, por su sigla en inglés), dijo hoy a Efe que lo que proponen los legisladores estatales es "inconstitucional".
"Lo que están planteando es que distintos estados tengan distintos ciudadanos, algo completamente inviable en los tiempos en que vivimos, en los que la gente se mueve regularmente por todo el país", explico Saenz.
Para el responsable de Maldef la iniciativa es "una manifestación más de un grupo pequeño pero cada vez más visible" que se caracteriza por sus posturas anti-inmigrantes y anti-latinos y que quiere construir su carrera política "a base de demonizar a un grupo de gente y de crear divisiones en el país".
La 14 enmienda de la Constitución estadounidense se adoptó en 1868 y restó validez a un dictamen del Tribunal Supremo de 1857 que sostenía que ni los esclavos liberados ni sus descendientes podrían convertirse en ciudadanos.
La enmienda sostiene que la ciudadanía es aplicable a "todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU. y sujetas por lo tanto a la jurisdicción" del país.
Activistas como Jack Mahony fueron desalojados hoy de la rueda de prensa en la que se explicó la propuesta, en Washington, tras interrumpir el acto al grito de "esta iniciativa es inhumana, ignorante y racista".
"El lenguaje que se está usando en la sala es un insulto para los padres fundadores de Estados Unidos cuya visión se asentó en una sociedad abierta y hospitalaria", explicó Mahony a los medios.
Similar opinión comparte Michael Wilson, otro de los activistas expulsados del acto, quien pronosticó que propuestas como la planteada hoy no saldrán adelante.
La convocatoria mereció también el rechazo de grupos pro-inmigrantes como la Unión de Libertades Civiles (ACLU), que señaló en un comunicado que los estados no deberían negar los certificados de nacimiento estándares a algunos de sus residentes.
"La igualdad ante la ley de todos los nacidos en Estados Unidos es uno de los motores centrales de la igualdad que defiende la Constitución" del país "y es fundamental para nuestra sociedad", afirmó en un comunicado Lucas Guttentag, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), otra organización pro-inmigrantes, dijo temer que "los esquemas ilegales que proponen algunos estados" permita que exista un grupo de ciudadanos de segunda clase "fáciles de explotar".
