 Los avances en tres áreas del Gobierno que, en su discurso de rendición de cuentas del 2010, el presidente Leonel Fernández prometió trabajar de forma incansable, permanecen aún como tareas pendientes de una gestión que finaliza el próximo año. El 27 de febrero del 2010, el mandatario confesó su preocupación por el impacto negativo que en el ámbito social provocan la corrupción administrativa, el crimen organizado y deficiencias del sector eléctrico nacional. Apeló, incluso, al concurso de la sociedad para resolver los inconvenientes surgidos en estos sectores.
Sobre la malversación de recursos públicos, advirtió desafiante que “en la defensa de los bienes del pueblo, no tengo amigos. Mi única responsabilidad es con el pueblo dominicano, que me ha confiado en varias ocasiones la conducción de los destinos nacionales (…)”.
Al final del 2010, luego de que solicitara la intervención de organismos multilaterales para lidiar con el “cáncer social” de la corrupción, el director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla, reveló que en los últimos diez años en el país se han malversado más de 104 mil millones de pesos, y que de estos casos, el 95% ha quedado impune.
De los últimos diez años referidos por Bonilla, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha gobernado dos períodos consecutivos.
“Cuando enviamos a los tribunales a un funcionario ‘x’ de menor jerarquía, las pruebas son suficientes, los recursos son declarados inadmisibles, cumplen su condena; pero cuando son poderosos, no hay forma de condenarlos y ahí están las estadísticas”, sostuvo Bonilla, dejando ver su impotencia al no poder tramitar expedientes de corrupción que involucren a influyentes dirigentes políticos. Al final de ese año, dos mediciones distintas sobre el fenómeno de la corrupción desvelaron la percepción de la gente respecto a este flagelo. Según la Gallup, el 67% de la población adulta opinó que en el Gobierno hay más corrupción que antes, y el 70% entendía que con el paso del tiempo la corrupción aumenta en el país.
En su informe correspondiente al 2010, la organización Transparencia Internacional dijo que República Dominicana está estancada en materia de lucha anticorrupción y colocó el país en un índice de 3.0, en una escala del 0 al 10. A lo largo del pasado año fueron varios los casos de corrupción denunciados por entidades de la sociedad civil e investigaciones periodísticas. El segundo elemento identificado por Leonel como uno de los mayores retos de su gestión, fue el sector energético.
En esa ocasión, sostuvo que la “Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) elabora un programa de expansión de nuevos proyectos de generación para cubrir el déficit en este campo y reducir significativamente el costo de energía eléctrica colocada en las redes por las empresas generadoras; proporcionar un servicio de 24 horas a todos los clientes que pagan (…)”.
Pero largas tandas de apagones, que afectan igual a quienes pagan religiosamente la energía consumida, no se corresponden con el optimismo del Presidente ante la Asamblea Nacional. Las pérdidas de las empresas distribuidoras se estiman en cerca de un 40% y las deudas del sector eléctrico con las empresas generadoras alcanzan los 465 millones de dólares, situación que impide que este servicio se ofrezca en la cantidad y calidad demandadas por la población. Sobre el crimen organizado El tercer elemento que Fernández consideró causante de preocupaciones sociales es el crimen organizado. En este aspecto, dejó ver su insatisfacción por la frecuente participación de policías, militares y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas en acciones criminales. “Eso ha provocado una justificada desconfianza por parte de la población, al sentirse no sólo desprotegida, sino amenazada, como consecuencia de producirse una inversión del rol que deben asumir los órganos responsables del mantenimiento de la seguridad pública”, dijo.
En el caso específico de la DNCD, anunció que para evitar “efectos de contagio” sus miembros serían reclutados de manera directa, y no extrayéndolos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Después de este anuncio, la DNCD ha sacado de sus filas a decenas de agentes que actuaron en contubernio con el narcotráfico.
También prometió someter ante el Congreso tres anteproyectos de ley: de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y sobre Organización y Funcionamiento del Sistema de los Servicios de Inteligencia en el país.
Un intento anticorrupción
De los tres capítulos que más preocupaban al Presidente, y en los que dio garantías de mejorías, solo en el tema de la corrupción se vieron algunas acciones.
El año pasado, ordenó a la Contraloría de la República no autorizar pagos que no cumplan con la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, con el ánimo de transparentar las operaciones de las instituciones públicas. La disposición emanó de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), integrada por unos once organismos internacionales, el sector empresarial dominicano, sociedad civil y funcionarios públicos.
El IPAC lo conforman representantes de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, de la Unión Europea, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , de la Organización de Estado Americano, y embajadas acreditadas en el país.
F: ELCARIBE |
